La relación entre el gerente de Transmetro, Fernando Isaza y el abogado Francisco José De Castro Vélez, el jurista que firmó un millonario contrato con el sistema de transporte masivo, es de vieja data.

Sus nombres salieron a 'flote' en el escándalo de los predios baldíos ocupados en las Islas del Rosario, que derivó en varias demandas.

Recordemos que este martes en el debate de control político a Transmetro, el Concejal Óscar David Galán denunció que, pese a la austeridad que se debería tener en medio de la crisis de la entidad, el gerente de Transmetro firmó un contrato con el abogado Francisco De Castro Vélez por 595 millones de pesos.

Además, incluye una prima de éxito por 125 millones de pesos, si se logra evitar una condena o si esta es inferior al 50 por ciento de las pretensiones de la demanda.  Transmetro explicó que se trata "de una representación para que el abogado adelantara la defensa de la entidad hasta la última instancia en una demanda instaurada en su contra, con pretensiones de $131 mil millones por concepto de “controversias contractuales” que demanda un concesionario".

O sea el profesional del derecho de básico ganaba 595 millones de pesos, así perdiera el pleito y 720 millones, si ganaba o conseguía que el pago de las pretensiones del concesionario se bajaran a  65 millones de pesos.

No obstante, este no ha sido el único escándalo en el que han estado involucrados Isaza y De Castro.

Zona Cero y Atlántico en Noticias conocieron que el abogado era el representante legal de Fernando Isaza y Christian Bellingrodt Salom, dueños de la sociedad Laguna Encantada SAS.

De Castro Vélez firmó, en medio de su ejercicio de representante legal, el Contrato de Arrendamiento No. 030 de 2015, con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), del predio Hotel San Pedro de Majagua, ubicado en las Islas del Rosario.

En la cláusula quinta del contrato, el arrendatario se comprometió a pagar la suma de $9.319.000 al Incoder.

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Sin embargo, el escándalo de las Islas del Rosario explotó en febrero de 2017, cuando la Agencia Nacional de Tierras demandó los diez contratos que firmaron los ocupantes de esos predios con el Incoder.

Dos de los demandados eran Fernando Isaza Gutierrez de Piñeres y Christian Bellingrodt Salom, por el predio de la Laguna Encantada SAS.

La ANT descubrió que los mencionados arrendatarios pagaban menos de un millón de pesos por el arriendo del predio y no los $9.319.000 pactados en el contrato firmado con el Incoder.

"Esa misma gabela beneficia a los tenedores de otros siete predios, quienes disfrutan de terrenos ubicados en uno de los lugares más hermosos y codiciados de Colombia, pagando precios irrisorios. El escandaloso caso ya llegó a la Fiscalía, que tendrá que determinar la legalidad de los contratos firmados por el Incoder", indicó el diario El Tiempo en su momento.

Lo curioso del caso de las Islas del Rosario, es que los contratos, entre esos el de Fernando Isaza y Christian Bellingrodt Salom, firmado por su representante legal Francisco José De Castro Vélez, fueron suscritos con el Incoder, un día antes de que este Instituto finalizara sus funciones para entrar en liquidación.

El escándalo del territorio paradisíaco le costó el puesto a Carlos Ignacio Carmona, quien ese tiempo era subgerente del Incoder. De hecho, su firma está en el contrato de Laguna Encantada SAS, abajo de la firma del abogado Francisco José De Castro Vélez.

El jurista fue consultado por el diario El Tiempo en ese tiempo y afirmó que "el valor de los terrenos no se compadece con la realidad de la mayoría de los predios".

“Ahí no hay un palacio, hay personas que no tienen casa y están esperando el permiso para construir una. No hay luz ni agua”, puntualizó.

Queda clara la relación entre Fernando Isaza, gerente de Transmetro, y el abogado Francisco José De Castro Vélez.

Tras el escándalo de Transmetro, la Gerencia del sistema masivo admitió la suscripción de multimillonario contrato por 595 millones de pesos con el abogado Francisco De Castro, pero señaló que no es asesoría “sino de representación judicial ante el Tribunal Administrativo del Atlántico”.

El contrato tiene por objeto adelantar la defensa de la entidad hasta la última instancia “en una demanda instaurada en su contra, con pretensiones de $131 mil millones por concepto de “controversias contractuales” que demanda un concesionario”.

El mismo abogado, que en 2015 firmó un contrato con el Incoder, por predio cuestionado de las Islas del Rosario por sus pagos escandalosos e irrisorios, en representación de una sociedad de Fernando Isaza, recibió por parte de este un contrato multimillonario con Transmetro, en medio de la crisis financiera que tiene el sistema de transporte.

Isaza y De Castro, una sociedad de varios años.

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